Una coalición formada por 24 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la actual administración estadounidense, acusándola de condicionar fondos para desastres a la colaboración con el ICE.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, destacó que estas medidas ponen en riesgo la seguridad pública al retener miles de millones en recursos críticos.Los demandantes argumentan que vincular subvenciones federales a políticas migratorias específicas es ilegal e inconstitucional.

La acción legal busca impugnar las condiciones impuestas por el DHS y FEMA, destacando la presión ejercida sobre los estados para adoptar mandatos federales en control migratorio y administración electoral.El gobernador de California, Gavin Newsom, rechazó que el gobierno coaccione a los estados para modificar sus leyes electorales.

La medida refleja la división interna en Estados Unidos y el rechazo a políticas migratorias que afectan tanto a ciudadanos sin documentos legales como a residentes legales.