El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la eliminación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, una dependencia que durante casi cuatro décadas ha sido clave para la política de Estado en materia de derechos humanos.Esta decisión busca suprimir cerca de 229 cargos y generar un ahorro de 10.000 millones de pesos anuales, que se destinarían a programas sociales.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos alertan sobre los riesgos de fragmentar las funciones de esta institución entre tres ministerios, lo que podría debilitar la protección de las víctimas y profundizar ciclos de violencia.

La Consejería, creada en 1987, ha coordinado el Sistema Nacional de Derechos Humanos, impulsado estrategias de prevención del reclutamiento de niños en conflictos y mantenido el tema en la agenda del Estado.

Su eliminación plantea desafíos para la implementación del Acuerdo de Paz y la protección de los derechos humanos en un contexto de reactivación del conflicto armado en varias regiones del país.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) criticó la propuesta, señalando que desmontar esta estructura podría abandonar el Acuerdo de Paz y favorecer al crimen organizado.

La consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación, Isabelita Mercado, cuestionó la reestructuración, asegurando que la existencia de esta dependencia es una garantía para los ciudadanos, independientemente de la orientación política del gobierno.