Desde 2017, Abelardo De La Espriella, abogado y aspirante presidencial, ha implementado una estrategia legal intensa frente a periodistas, columnistas y activistas que han cuestionado su papel en casos de parapolítica, corrupción y estafas, incluyendo DMG y el llamado “Cartel de la Toga”.

Su enfoque se centra en demandas civiles y penales buscando retractaciones, eliminación de contenidos y millonarias indemnizaciones, aunque ha logrado pocas victorias.

Entre sus casos más destacados está la demanda contra Jorge Gómez Pinilla, donde obtuvo una indemnización y retractación, pero no ha logrado que se le pague ni que se retiren las columnas.

Por otro lado, ha perdido frente a periodistas como Cecilia Orozco, Ian Shnaida y Joaquín Robles, quienes defendieron la libertad de expresión y la opinión periodística, y los jueces determinaron que De La Espriella, como figura pública y mediática, debe tolerar críticas.

La estrategia del abogado incluye embargos preventivos sobre bienes de los demandados, testimonios de empleados y medición de interacción en redes sociales para probar perjuicio.

Algunas demandas se han retirado tras acuerdos o simplemente por falta de pruebas, y en varias ocasiones se ha señalado que el abogado exagera el impacto de las publicaciones.

Esta serie de acciones refleja un patrón judicial poco común en Colombia, donde se combina la defensa del buen nombre con la presión económica sobre la prensa independiente, generando debates sobre la libertad de expresión y el poder de los litigantes sobre los medios.