Durante los últimos ocho meses, bajo las órdenes del presidente Donald Trump y del secretario de Defensa Pete Hegseth, el ejército de EE. UU.ha bombardeado al menos 57 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, causando la muerte de cerca de 200 personas, incluidos pescadores y trabajadores locales, en acciones calificadas por expertos en derechos humanos como asesinatos extrajudiciales.Estas operaciones se han presentado como medidas contra el narcotráfico, aunque no se ha declarado oficialmente ningún conflicto bélico.

Paralelamente, el Departamento de Justicia estadounidense ha presentado un cargo de conspiración contra el ex presidente cubano Raúl Castro por su participación en la caída de aviones en 1996 operados por el grupo anti-Castro 'Brothers to the Rescue', que provocó la muerte de cuatro ciudadanos cubanoamericanos.

Organizaciones como Progressive International y Codepink han criticado la aparente hipocresía de perseguir judicialmente a Castro mientras se ignoran los ataques de EE. UU.que han matado a civiles.

Se destacan acusaciones de violaciones del derecho internacional, manipulación de investigaciones y un contexto político que algunos consideran teatro dirigido a la comunidad exiliada cubanoamericana en Miami.

Expertos legales advierten que las órdenes de atacar a los supervivientes de los bombardeos podrían constituir crímenes de guerra y exponen a todos los responsables a posibles sanciones legales.