En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador se han activado dos procesos paralelos de alta relevancia política: la investigación sobre la ruta del dinero en el caso Progen y el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano.Ambos casos derivan de contratos eléctricos fallidos entre la estatal Celec y las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM).Sin embargo, cada proceso sigue su propio camino y no podrán unificarse, según lo establecido por la comisión presidida por Ferdinan Álvarez (ADN).

El juicio político contra Manzano ya entró en fase formal, con un plazo de 15 días para que la exfuncionaria presente su respuesta, que vence el 17 de julio.Posteriormente, la comisión deberá elaborar un informe con recomendaciones antes del 31 de julio.

En paralelo, la investigación sobre la ruta del dinero de Progen tiene un plazo de 30 días otorgado por el Pleno de la Asamblea para emitir conclusiones, por lo que su informe podría presentarse a finales de julio o inicios de agosto.

El oficialismo (ADN) impulsa una investigación enfocada en esclarecer posibles irregularidades y seguir el flujo de recursos, mientras que el correísmo busca que el proceso derive en una censura política contra la exministra.

Legisladores como Ana Herrera han insistido en identificar responsabilidades políticas, mientras que desde ADN, Ana Belén Tapia defiende una fiscalización técnica y acusa intentos de politización.

Además, el caso Progen está vinculado a hallazgos preliminares expuestos por el Gobierno y a una investigación en Estados Unidos, lo que añade presión al proceso legislativo.A pesar de desarrollarse en simultáneo, ambos casos no compartirán pruebas ni conclusiones.