El texto analiza un informe de Amnistía Internacional en el que se critica la participación de la empresa vasca CAF en la ampliación del tren ligero de Jerusalén, un proyecto que conecta Jerusalén con asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado.

Según la organización, estos asentamientos son ilegales según el derecho internacional y diversas resoluciones de Naciones Unidas, y el proyecto contribuiría a su consolidación y expansión.

Amnistía Internacional acusa a la empresa de no haber realizado una debida diligencia adecuada en materia de derechos humanos, o de no haber hecho públicos los mecanismos utilizados para evaluar los riesgos del proyecto.

También cuestiona la interpretación de CAF sobre los estándares internacionales, señalando que la obligación de respetar los derechos humanos no es opcional para las empresas.

Además, la ONG recuerda que el Alto Comisionado de la ONU incluyó a CAF en una base de datos de empresas vinculadas a actividades en territorios ocupados, lo que refuerza la preocupación sobre su implicación en posibles violaciones.

El informe también menciona una investigación de la Fiscalía tras denuncias de varias organizaciones de la sociedad civil por una posible implicación en crímenes internacionales, aunque no hay resolución judicial.

Amnistía Internacional sostiene que la empresa no ha demostrado transparencia suficiente ni ha publicado informes detallados sobre los impactos del proyecto.

Como conclusión, la organización pide a CAF que abandone su participación en el proyecto del tranvía de Jerusalén, a los inversores que reconsideren su implicación financiera y a otros actores como auditores y agencias de calificación que revisen sus evaluaciones a la luz de los riesgos en derechos humanos señalados.