Amnistía Internacional se pronunció sobre los recientes avances en procesos judiciales internacionales vinculados a denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, impulsados bajo el principio de jurisdicción universal en países como Argentina y España.

La organización destacó el papel de las víctimas venezolanas que han acudido a tribunales extranjeros para buscar justicia ante presuntas violaciones graves de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y persecución política.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, subrayó que estas iniciativas judiciales, junto con posibles solicitudes de cooperación y extradición entre autoridades de distintos países, representan un avance importante en la lucha contra la impunidad.

Señaló que el principio de jurisdicción universal permite que ciertos crímenes graves sean investigados y juzgados fuera del país donde ocurrieron, especialmente cuando existen dudas sobre la independencia del sistema judicial local.

La organización también resaltó la importancia de fortalecer las investigaciones abiertas en instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, así como los procesos iniciados en tribunales nacionales que han asumido estos casos.

En este contexto, hizo un llamado a los Estados involucrados a cooperar de manera rápida, plena y efectiva con cualquier requerimiento judicial, incluyendo solicitudes de extradición.

Asimismo, Amnistía Internacional advirtió sobre los riesgos que enfrentan las víctimas, sus familiares y defensores de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, insistiendo en la necesidad de garantizar su protección.

Finalmente, reiteró su exigencia al Estado venezolano de liberar a personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, desmantelar prácticas represivas y avanzar hacia una reforma profunda del sistema de justicia que garantice verdad, reparación y no repetición de estos hechos.

La organización concluyó que los Estados tienen una responsabilidad legal y moral de actuar frente a crímenes contemplados en el derecho internacional, reforzando así la cooperación global en la búsqueda de justicia.