Una reciente polémica en Colombia surgió tras los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la eliminación de peajes en el país y la reducción a 700 pesos para ciertos municipios del Eje Cafetero, incluyendo Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría y Santa Rosa de Cabal.El mandatario planteó la gratuidad de los peajes como una medida de libertad y comparó su gestión con la del libertador Simón Bolívar.

Sin embargo, las autoridades técnicas del sector, representadas por Roberto Uparela, vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aclararon que las tarifas reducidas no aplican para todos los usuarios, sino únicamente a un grupo poblacional específico que cumpla con ciertos requisitos y dentro de los límites presupuestales del proyecto de concesión.

Además, Uparela explicó que mientras los contratos de concesión estén vigentes, los peajes deben pagarse y que la eliminación total de los mismos, prevista para 2027 con el fin de la concesión de Autopistas del Café, dependerá del presupuesto del gobierno y de un proceso de transición legal.

Esta situación evidencia una contradicción entre los anuncios políticos y las obligaciones contractuales, generando confusión entre la ciudadanía sobre los beneficios reales de la medida.