La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impone a las pequeñas empresas (pymes) la obligación de presentar hasta 89 declaraciones juradas anuales, lo que incrementa su exposición a multas que van desde $220.000 hasta $10 millones.

Tributaristas alertan que esta carga burocrática excesiva afecta especialmente a las microempresas, que ahora enfrentan sanciones iguales a grandes corporaciones, lo que genera desigualdad.

Un proyecto de ley propuesto por especialistas busca reducir las multas del 80% para microempresas, 60% para pequeñas empresas y 40% para medianas, además de establecer plazos de gracia antes de aplicar sanciones.

La medida busca equilibrar la responsabilidad fiscal con la capacidad económica de los contribuyentes, evitando que las multas se conviertan en confiscatorias para los pequeños negocios.

La iniciativa se discutió en reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y busca adaptarse a la inflación mientras protege a los contribuyentes más vulnerables.

La complejidad del sistema fiscal argentino sigue siendo un desafío para las pymes, que deben navegar entre cumplir con normativas y evitar penalidades que impactan su liquidez.