El caso Pegasus, investigado por la Audiencia Nacional bajo la instrucción del juez Calama, fue archivado tras no lograrse avances significativos debido a la falta de cooperación internacional, especialmente por parte de las autoridades israelíes y la empresa NSO Group, fabricante del software de espionaje.

La investigación se centraba en el presunto hackeo de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, como Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, entre 2021 y 2022.

Según los datos aportados en la causa, se habrían producido intrusiones en los dispositivos móviles de altos cargos del Ejecutivo, con extracción de grandes volúmenes de información en algunos casos.El Gobierno español comunicó estos hechos a la Audiencia Nacional, que abrió diligencias para esclarecer la autoría del espionaje.

Sin embargo, el procedimiento judicial se encontró con importantes obstáculos a la hora de obtener información clave de la empresa desarrolladora del software y de las autoridades del país donde opera.

Tras reiteradas comisiones rogatorias sin respuesta efectiva, el juez instructor concluyó que no era posible atribuir de forma concreta la autoría de los hechos, lo que llevó al archivo del caso.

La decisión ha sido criticada en el debate público, donde algunos consideran que la falta de cooperación internacional ha impedido esclarecer plenamente un posible ataque de ciberespionaje contra instituciones del Estado.

El caso se enmarca en el uso del software Pegasus, diseñado para infiltrarse en dispositivos móviles y acceder a su información sin intervención del usuario, una herramienta que ha generado controversia internacional por su supuesta utilización contra objetivos políticos y periodistas en distintos países.