El texto, publicado en la sección de opinión, aborda las acusaciones de violencia sexual sistemática atribuidas a fuerzas de seguridad y autoridades israelíes contra la población palestina.

La columna surge a partir de la decisión de Israel de congelar sus relaciones con la oficina del secretario general de la ONU después de que el país fuera incluido en una lista relacionada con la violencia sexual en conflictos armados.

El autor sostiene que la reacción del gobierno israelí es predecible y argumenta que existen múltiples informes y testimonios que documentan abusos sexuales, humillaciones, amenazas de violación y otras formas de violencia de género contra palestinos.

La pieza cita un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, publicado en marzo de 2025, que concluye que diversas formas de violencia sexual forman parte de prácticas recurrentes empleadas por fuerzas de seguridad israelíes.También menciona pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación que han denunciado casos similares.

Asimismo, el artículo recuerda la difusión de imágenes y videos en los que presuntamente se observan abusos o tratos degradantes contra detenidos palestinos y activistas.El autor afirma que la falta de consecuencias para funcionarios y responsables políticos evidencia un problema de impunidad.

En su conclusión, sostiene que el debate no debería centrarse únicamente en la inclusión de Israel en listas internacionales, sino en la ausencia de rendición de cuentas y en la respuesta limitada de la comunidad internacional frente a las denuncias presentadas.