La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional de Ecuador abordará la solicitud del presidente Daniel Noboa para continuar con el proceso de denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre).

Este mecanismo financiero regional fue creado en 2009 en el marco de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y en él participaron países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba.Ecuador se adhirió durante el gobierno de Rafael Correa y posteriormente se separó del ALBA en 2018.

El pedido del Ejecutivo fue remitido el 21 de mayo de 2026 al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, acompañado de oficios de la Corte Constitucional.

Noboa ha señalado en su informe a la Nación que este sistema habría sido utilizado de forma irregular para favorecer a ciertos grupos económicos y permitir operaciones financieras cuestionadas.

El caso ha estado vinculado a investigaciones sobre presunto lavado de activos a través de empresas utilizadas para transacciones simuladas en el comercio regional.

La comisión legislativa, presidida por la oficialista Lucía Jaramillo, se reunirá para analizar el pedido y podrá solicitar información adicional antes de su tratamiento en el pleno.Para su aprobación se requiere mayoría absoluta, es decir, al menos 77 votos de los asambleístas.

La Corte Constitucional ya determinó en 2022 que la denuncia del tratado es constitucional, pero también estableció que requiere aprobación legislativa previa.El proceso marca un nuevo intento del Ejecutivo por desvincular al país de este mecanismo financiero regional.