La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico con el objetivo de permitir inversiones privadas y mixtas en un sector afectado desde hace años por apagones y fallas constantes, especialmente en regiones alejadas de Caracas.

Durante el debate parlamentario, el diputado oficialista Orlando Miranda afirmó que el sistema eléctrico enfrenta limitaciones estructurales y financieras que impiden responder adecuadamente a la demanda nacional.

También señaló que varias plantas termoeléctricas permanecen paralizadas debido a la dificultad para adquirir repuestos por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, lo que ha incrementado la dependencia de la Central Hidroeléctrica de Guri.

La propuesta fue presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y contempla un modelo de capital mixto y privado bajo supervisión estatal, con un régimen de concesiones y responsabilidades legales para las operadoras.

Según Miranda, la reforma obligaría a las empresas distribuidoras a compensar económicamente a los usuarios afectados por daños ocasionados por apagones o deficiencias del servicio.

El parlamentario también explicó que el esquema económico de la ley estaría basado en tarifas ajustadas a costos reales, permitiendo una rentabilidad considerada razonable para los inversionistas.

Desde la oposición, el diputado Ezio Angelini pidió incluir mecanismos de descentralización y auditorías sobre el manejo de recursos destinados históricamente al sistema eléctrico, señalando presuntos casos de corrupción como una de las causas de la crisis.Además, recordó que la capacidad de generación eléctrica del país se ha reducido considerablemente en comparación con años anteriores.La reforma todavía deberá ser debatida nuevamente antes de su aprobación definitiva.