La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional conoció este 17 de julio de 2026 una discrepancia entre las cifras reportadas por la Contraloría General del Estado y la Fiscalía respecto a los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Mientras la resolución legislativa que dio origen al proceso de fiscalización se basó en información de la Contraloría que hablaba de 206 informes con posibles responsabilidades penales, la Fiscalía informó que únicamente registra 60 informes correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 10 de julio de 2026.

Durante la comparecencia, el coordinador de Asesoría Jurídica de la Fiscalía explicó que esos expedientes están distribuidos en varias provincias, siendo Guayas y Santo Domingo las que concentran el mayor número.La diferencia en las cifras generó cuestionamientos de los legisladores.

La asambleísta Mónica Alemán recordó que la resolución del Pleno mencionaba 206 informes y planteó la necesidad de revisar ese documento, además de señalar que la Asamblea tiene limitaciones para fiscalizar directamente a los GAD.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Nathaly Farinango, defendió que la resolución se sustentó en la información oficial entregada por la Contraloría y que precisamente el objetivo del proceso es esclarecer las inconsistencias detectadas.

El delegado de la Fiscalía sostuvo que la institución investiga cada informe que recibe del ente de control y señaló que corresponde a la Contraloría explicar por qué existe una diferencia entre los datos.

Como resultado de la sesión, la comisión resolvió solicitar formalmente una aclaración a la Contraloría sobre el destino o la situación del resto de informes mencionados inicialmente.