El gobierno nacional presentó el Decreto 618 de 2026 como una medida de austeridad fiscal para restringir gastos públicos y promover la eficiencia.Sin embargo, críticos señalan que esta norma fue expedida en un momento tardío, justo antes de la transición de poder, lo que sugiere una maniobra política para evitar consecuencias financieras.

El decreto limita contrataciones por servicios, congela viáticos y reduce la publicidad oficial, pero su implementación en el último momento genera desconfianza sobre su verdadero propósito.

Analistas destacan que, aunque contiene medidas razonables de modernización y control de gastos, la falta de disciplina fiscal previa y la posibilidad de que la nueva administración deba derogar la norma convierten esta medida en un escenario de riesgo moral.

La crítica se centra en que el gobierno saliente priorizó el gasto durante su mandato electoral y ahora impone austeridad como una forma de dejar un legado de disciplina fiscal, lo que se percibe como una estrategia política más que una decisión de gobierno.