Durante la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, distintas autoridades del ámbito judicial y policial manifestaron su respaldo a los anuncios en materia de seguridad.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, junto a los máximos jefes de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), valoraron especialmente las medidas orientadas a ampliar las facultades de actuación en casos de flagrancia, argumentando que una mayor autonomía policial podría reducir la burocracia y mejorar la respuesta ante delitos comunes.

Según Valencia, muchas víctimas reclaman demoras innecesarias en la reacción institucional, lo que justificaría ajustes normativos sin perder la dirección de las investigaciones.

El Gobierno también presentó iniciativas como la creación de un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, el cual contempla restricciones a beneficios sociales para personas condenadas por ciertos actos de violencia o desórdenes.

Asimismo, se anunció un plan de retorno voluntario para migrantes en situación irregular, medida que generó debate inmediato entre parlamentarios del norte del país, quienes advirtieron dificultades prácticas relacionadas con la cooperación de otros Estados para permitir el tránsito de retorno.En el Congreso, las reacciones fueron mixtas.

Mientras algunos legisladores valoraron el enfoque en seguridad, otros lo consideraron insuficiente o de continuidad respecto a administraciones anteriores.

Paralelamente, se discutió el impacto de las cifras de homicidios entregadas por el Ejecutivo, que reflejan una preocupación persistente por la delincuencia.Las autoridades policiales, por su parte, aseguraron estar capacitadas para implementar las nuevas normativas, destacando su viabilidad operativa.El debate político se mantiene abierto respecto al alcance real de estas medidas y su implementación efectiva en el corto y mediano plazo.