La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al PSOE de intentar influir en las obras de la Línea 11 del Metro en el marco del caso Plus Ultra y se atribuyó el mérito de haber 'parado los pies' a las empresas implicadas.

Sin embargo, investigaciones periodísticas revelan que el Gobierno autonómico sí adjudicó, en 2023, un contrato millonario de renovación de la superestructura de la Línea 1 a una UTE formada por Aldesa Construcciones SA, su filial Coalvi y la empresa gallega Extraco.Inicialmente valorado en 15,75 millones de euros, el contrato se incrementó hasta los 19 millones tras varias modificaciones.Aunque la empresa cumplió con el proyecto, las obras se completaron ocho meses más tarde de lo previsto.El Grupo Aldesa, con capital chino desde 2020, se llevó el 65% del contrato.

Además, aparece en diversas operaciones financieras investigadas por la Audiencia Nacional, incluyendo pagos a la empresa de asesoramiento Análisis Relevante, que estaría vinculada a supuestas redes de influencia dirigidas por José Luis Rodríguez Zapatero, aunque sin indicios de pagos directos materializados hacia otra consultora vinculada a la trama.Desde la Consejería de Transportes defienden que la adjudicación fue legal y técnica, sin considerarse baja temeraria ni irregular.La situación pone de relieve la contradicción entre la crítica pública de Ayuso y las decisiones administrativas de su propio gobierno.