La Universidad de San Carlos enfrenta una crisis institucional tras la desaparición de registros académicos de 50 estudiantes críticos al rector Walter Mazariegos Biolis.La situación, denunciada como un acto político y legalmente punible, refleja una supuesta campaña para silenciar disidencias.

Los afectados presentaron denuncias formales al Ministerio Público y exigen transparencia, mientras organizaciones sociales y académicas condenan la manipulación de datos públicos.La Corte de Constitucionalidad aún no resolvió impugnaciones contra el rector, lo que genera incertidumbre.La Procuraduría de Derechos Humanos fue requerida para investigar, pero la fiscalía aún no actuó.Este caso plantea riesgos para la integridad de registros públicos y el derecho a la educación en Guatemala.