El fiscal general de California, Rob Bonta, emitió una alerta legal para garantizar que las leyes del estado protejan a los hogares grupales donde viven personas con discapacidad.Esta medida busca evitar que los gobiernos locales implementen políticas restrictivas basadas en un fallo federal sobre el caso Ohio House.

Las residencias grupales son espacios donde conviven personas con discapacidades y reciben apoyo comunitario, lo cual es clave para su inclusión social.

La alerta legal destaca que las leyes estatales de California prohíben la discriminación contra estos hogares y exigen que los municipios promuevan la vivienda justa.

Bonta advierte que las políticas locales que limiten el acceso a estos espacios podrían ser ilegales, reforzando la importancia de las leyes estatales sobre las federales.

El director del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, Gustavo Velásquez, destacó la necesidad de garantizar viviendas accesibles para personas vulnerables, mientras que el fiscal general resaltó que los gobiernos locales deben cumplir con las protecciones legales establecidas.Esta iniciativa busca equilibrar la regulación municipal con los derechos de las personas con discapacidad en California.