El coronel retirado del Ejército Peruano Enrique Oliveros Pérez, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), fue capturado por la Policía tras permanecer prófugo durante aproximadamente 23 años.

Su detención se produjo en su vivienda en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, donde habría permanecido oculto durante todo este tiempo mientras incluso continuaba recibiendo una pensión del Estado de alrededor de 11 mil soles.

Oliveros es investigado por su presunta participación en graves violaciones a los derechos humanos vinculadas al caso del Grupo Colina, entre ellas el asesinato de 25 personas y la desaparición forzada de estudiantes y un docente en hechos relacionados con los casos La Cantuta y otras operaciones de inteligencia durante el conflicto interno en Perú.

La Fiscalía ha solicitado una condena de 20 años de prisión en su contra, basándose en testimonios de exagentes que lo señalan como un oficial clave en la cadena de mando que transmitía órdenes para ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, tras su captura, la Sala Penal Transitoria dispuso que enfrente el proceso en condición de comparecencia simple, con la obligación de asistir a las audiencias, decisión que ha generado controversia entre los abogados de las víctimas y defensores de derechos humanos, quienes cuestionan la medida pese a la gravedad de los delitos imputados.