La Fiscalía presentó pruebas en el juicio del 'Caso Triple A', que involucra a 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.Se acusa de un esquema de comercialización irregular de combustibles subsidiados, con pérdidas económicas estimadas en 61,5 millones de dólares.

Las evidencias incluyen vehículos que registraron compras atípicas de diésel, como un Chevrolet Cruze que habría llenado su tanque más de 20 veces en días específicos, y discrepancias en capacidades de almacenamiento.La Fiscalía sostiene que los contratos con Petroecuador exigían control y trazabilidad del combustible distribuido por comercializadoras autorizadas.El Tribunal de Garantías Penales evaluará las pruebas para determinar responsabilidades penales.

El caso refleja la complejidad de investigaciones sobre corrupción en el sector energético, con implicaciones para la gestión pública y la seguridad del abastecimiento.