El Govern catalán y los Comuns han pactado una nueva norma que limita la compra de vivienda en zonas de mercado residencial tensionado, solo permitiendo adquirirla para uso personal, cederla a familiares o alquilarla a precio regulado.

Sin embargo, Junts y el Partido Popular han paralizado su tramitación solicitando un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), argumentando que la ley vulnera el derecho a la propiedad y invade competencias municipales.

La medida busca frenar la especulación inmobiliaria, pero sus críticos temen generar inseguridad jurídica si los ayuntamientos aplican las normas de forma desigual.Los independentistas acusan al Govern de actuar bajo presión patronal y aprovechar el verano para aprobar el texto sin debate suficiente.

La ley, que se espera sea analizada por el Tribunal Constitucional, representa un punto clave en la política económica de Catalunya, donde la regulación del mercado inmobiliario ha sido un tema recurrente en los últimos años.