Tres científicos han sido acusados de participar en una protesta climática no violenta en Barcelona, donde enfrentan cargos que podrían conllevar hasta 18 meses de prisión.

La denuncia se centra en su participación en una manifestación pacífica contra el cambio climático, un tema que ha generado debates sobre los límites del derecho a la protesta.La organización Amnesty International ha expresado preocupación por las implicaciones para la libertad de expresión y la activismo ambiental.

El caso se inscribe en un contexto global de crecientes tensiones entre movimientos climáticos y autoridades, especialmente tras incidentes similares en otros países.

En España, el impacto del cambio climático ha sido evidente con fenómenos extremos como sequías e inundaciones, lo que refuerza la relevancia de las protestas.Los acusados alegan que su acción fue legítima y necesaria para visibilizar la crisis ambiental, aunque el juicio seguirá en los tribunales.Este caso resalta la complejidad de equilibrar el derecho a manifestarse con la regulación legal en temas críticos como el medio ambiente.