El Gobierno chileno decidió cerrar la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), creada recientemente para coordinar la investigación y facilitar el reencuentro entre personas adoptadas irregularmente y sus familias biológicas.

La medida ha provocado una fuerte reacción de organizaciones de derechos humanos, especialmente de la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS), que calificó la decisión como un retroceso en la búsqueda de verdad y justicia.La unidad tenía como objetivo articular el trabajo entre distintas instituciones del Estado para abordar un fenómeno que habría afectado a más de 20.000 menores desde la década de 1950, con especial concentración durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Según datos judiciales y de organizaciones, estas adopciones habrían involucrado redes compuestas por médicos, matronas, funcionarios judiciales y otros actores, facilitando la salida irregular de niños hacia el extranjero.Las víctimas y sus familias han manifestado su indignación, señalando que la decisión del Ejecutivo dificulta el acceso a la verdad y la justicia.Actualmente existen más de 1.

600 causas judiciales abiertas relacionadas con estos hechos, y se estima que solo una fracción de los afectados ha logrado reencontrarse con sus familias de origen.

El caso ha cobrado relevancia internacional, luego de informes que documentan adopciones irregulares de menores chilenos en países como Noruega, Suecia, Francia, Italia y Estados Unidos.Organizaciones denuncian que Chile habría funcionado como un foco de exportación ilegal de menores durante décadas.

La decisión del cierre se produce en un contexto de investigaciones judiciales en curso y de demandas de creación de mecanismos como un banco público de ADN, herramienta que organizaciones de víctimas consideran clave para facilitar la identificación y reunificación familiar sin depender exclusivamente de procesos judiciales.