La Fiscalía General de Colombia imputó cargos a ocho personas, incluido Max Marvin Abadi, cofundador de la empresa Lili Pink, por liderar una presunta estructura dedicada al contrabando y lavado de activos.Según la investigación, la organización utilizó empresas fachada para ingresar mercancía al país y ocultar el origen de recursos millonarios.Durante la audiencia de imputación, los acusados rechazaron los cargos, lo que indica una posible resistencia al proceso judicial.La Fiscalía estimó que la presunta operación generó lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y contrabando que supera los 75.000 millones.El caso involucra a figuras como el abogado Walter Martínez, quien fue capturado y también negó los cargos.

La investigación revela maniobras para disimular el control aduanero, fragmentar transacciones y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.

Este escándalo refleja la complejidad de las redes criminales en la industria textil y la importancia de las investigaciones fiscales para combatir la corrupción.