El gobierno colombiano ha utilizado la deuda pública para cubrir el déficit del Fondo Especial para Combustibles (Fepc), dejando una carga financiera significativa para futuras administraciones.

Según el economista Alejandro Rojas, el Fepc fue creado para regular los precios de combustibles, pero su manejo ha generado un acumulamiento de pasivos que afectarán la estabilidad fiscal del país.

La política actual implica subir los precios del diésel y gasolina para reducir el déficit, sin embargo, las deudas heredadas por el nuevo gobierno incluyen compromisos con proveedores internacionales y ajustes a tarifas.

Rojas destaca que esta estrategia refleja una falta de planificación a largo plazo, ya que la solución temporal no resuelve los problemas estructurales del sector energético.

La situación exige un equilibrio entre el control de precios y la sostenibilidad fiscal, lo cual representa un desafío para la economía colombiana en los próximos años.