La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador continúa analizando un proyecto de reforma a la Escuela de la Función Judicial, que ha generado alertas por posibles riesgos constitucionales.

El constitucionalista Andrés Martínez advirtió que el proyecto incluye requisitos no previstos en la Constitución, como la exigencia de una maestría impartida por la propia Escuela Judicial, lo que podría crear un monopolio académico y limitar el acceso a la carrera judicial.Además, cuestionó la posibilidad de incrementar la burocracia y la estructura administrativa del Estado sin definir una fuente de financiamiento.

Martínez propuso que la Escuela Judicial debe trabajar en conjunto con las universidades para complementar la formación de jueces, fiscales y defensores públicos, evitando reemplazar su rol.La comisión considera incorporar estos aportes al análisis previo al segundo debate del proyecto.

La reforma busca transformar la Escuela Judicial en un espacio de formación académica, aunque su función debería ser complementar la preparación práctica de los operadores de justicia.La discusión refleja preocupaciones sobre la inconstitucionalidad y la necesidad de equilibrar la formación académica con la práctica profesional.