Líderes y lideresas de la Carpa de la Resistencia y el proceso Guardianes de la Andinoamazonía realizaron un plantón frente a la Agencia Nacional de Minería (ANM) para exigir el cumplimiento de la Resolución 1015 del 9 de julio de 2026.Esta norma, expedida por Corpoamazonía, protege 57.

523,5 hectáreas del piedemonte andinoamazónico como Determinante Ambiental para el Ordenamiento Territorial, prohibiendo actividades extractivas y reconociendo su valor ecológico y de gestión de riesgo.

Las comunidades, incluida Solanyi Ordóñez Meneses de la Juntanza Alto Putumayo, destacan que la resolución es clave para evitar la megaminería y proteger fuentes hídricas.

Sin embargo, su aplicación está en disputa, especialmente con el proyecto minero de Libero Cobre, cuyas actividades exploratorias representan un riesgo geológico para Mocoa, como lo evidenció la avenida torrencial del 2017.

Las autoridades ambientales y ANM enfrentan críticas por no garantizar el cumplimiento de esta norma, mientras las comunidades exigen que se respete su derecho a la consulta previa y se priorice la protección del territorio frente a intereses extractivos.