La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación en la adjudicación de una plaza de coordinador de conservatorios en 2017.

La sentencia se basa en la doctrina del Tribunal Supremo que condenó al exfiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados, aunque en este caso no existió evidencia probatoria.

Los magistrados destacaron la falta de pruebas concretas sobre el tráfico de influencias, pero consideraron que la plaza fue creada por razones particulares.

Sánchez fue condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público, mientras que los acusados fueron absueltos del delito de tráfico de influencias.La sentencia destaca la importancia de la prueba indiciaria en casos de corrupción, al no haber documentos oficiales que respalden las acusaciones.

La Fiscalía de la Unidad Central de Investigación (UCO) argumentó que la plaza fue creada específicamente para Sánchez, basándose en detalles como su alquiler de vivienda en Badajoz antes del proceso selectivo.