El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal Rosario Quico Palomino, quien investiga al general retirado Juan Rivero Lazo por crímenes de lesa humanidad vinculados al conflicto armado interno.

Rospigliosi acusa a la fiscal de no aplicar la Ley 32107, que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad, y de transgredir el principio de legalidad penal.

El caso de Rivero Lazo, condenado por el caso Barrios Altos, ha generado controversia tras la liberación del militar por decisión del Tribunal Constitucional.

Organizaciones de derechos humanos cuestionan la normativa que otorga amnistía a responsables de violaciones durante la violencia del 80-00, considerando que estas leyes favorecen la impunidad.

La fiscal Quico, encabezando la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional especializada en Derechos Humanos, enfrenta acusaciones de prevaricato por no aplicar la ley en casos similares.Rospigliosi ha denunciado previamente a otros jueces por el mismo motivo, generando presión sobre el sistema judicial.La Corte Suprema rechazó la interferencia política en decisiones judiciales, advirtiendo que daña la independencia del Poder Judicial.Este caso refleja la tensión entre la aplicación de leyes penales y los estándares internacionales de derechos humanos en el Perú.