El Consejo de Estado dio un giro importante en el proceso que busca la pérdida de investidura del congresista David Racero, del Pacto Histórico.La corporación ordenó incorporar nuevas pruebas provenientes de la investigación penal de la Corte Suprema de Justicia por el caso del fruver, donde se acusa al representante a la Cámara de haber utilizado a un funcionario de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para atender un negocio particular.

La decisión fue adoptada por el magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien aceptó una solicitud de estudiantes de derecho Samuel Ortiz y Lucas Durán Hernández.Se ordenó que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema remita copias de todas las pruebas recaudadas en el proceso penal contra Racero.

Las pruebas corresponden a la investigación por la presunta utilización de un integrante de la UTL para desarrollar labores en un mercado de frutas y verduras.

Aunque se rechazaron otras solicitudes como recuperar conversaciones de WhatsApp o realizar cotejos de voz, se avaló el traslado del material recopilado.

Esta decisión podría cambiar el rumbo del proceso, ya que el Consejo de Estado evaluará si hubo conducta que amerite la 'muerte política' del congresista, quien fue reelegido para el próximo periodo legislativo.

El tribunal consideró que el material de la Corte Suprema es un hecho sobreviniente, obtenido después de la etapa probatoria, por lo que fue procedente incorporarlo al expediente.