El Consejo de Estado revocó la suspensión del primer decreto que establecía un aumento del 23% al salario mínimo para 2026, dejando el mínimo en 2 millones de pesos con auxilio de transporte.

Esta decisión se tomó tras un recurso presentado por el gobierno que argumentaba que la suspensión inicial no se basó en análisis técnicos suficientes sobre el impacto del aumento.

El gobierno había suspendido el decreto inicial al no cumplir con los criterios legales de inflación, productividad y PIB, pero luego presentó un segundo decreto con el mismo porcentaje pero avalado por empresarios y trabajadores.

El tribunal consideró que ya no había razón para mantener la suspensión del primer decreto, lo que deja la aplicación del aumento en espera de una decisión final sobre su legalidad.

Aunque el salario no cambió, la decisión refleja la compleja lucha entre el gobierno y el Consejo de Estado sobre la fijación del salario mínimo, un tema crítico para la economía colombiana y la vida laboral de los trabajadores.