El Consejo de Estado decidió suspender el decreto que buscaba reducir la prima especial de servicios a los congresistas, una medida que formaba parte de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro.

La decisión enfrenta seis demandas legales y afecta directamente al ingreso neto de los legisladores, quien pasarían de recibir unos $32 millones mensuales a aproximadamente $22 millones tras el recorte.

El anuncio surge en un contexto de tensiones políticas internas, donde la bancada del Pacto Histórico aún no ha definido su postura frente al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Además, se menciona la deportación de Beto Coral, activista cercano a Petro, y el debate generado por la bandera de las Malvinas en una celebración del Mundial.La medida refleja la complejidad de los desafíos legales y económicos que enfrenta la política colombiana en este periodo electoral.