El Consejo de la Judicatura (CJ) prevé analizar una declaratoria de emergencia para enfrentar el grave déficit de jueces que afecta al sistema judicial ecuatoriano.

La medida será tratada por el Pleno con base en un informe técnico que evaluará la situación de todas las provincias, luego de que inicialmente se revisara únicamente la realidad de Cotopaxi, Chimborazo y Carchi.

Según la última información oficial presentada por la institución durante su rendición de cuentas correspondiente a 2025, el país registraba un faltante de 657 jueces, aunque las autoridades reconocen que actualmente esa cifra sería mayor debido a jubilaciones, destituciones y otras vacantes acumuladas.

La propuesta contempla aprobar una resolución que permita iniciar de forma inmediata un proceso de selección de jueces temporales para garantizar la continuidad del servicio de justicia mientras se desarrollan concursos para la designación de magistrados titulares.

El mecanismo considera la posibilidad de promover jueces de primer nivel hacia cortes provinciales y seleccionar temporalmente personal judicial con nombramiento, como ayudantes y secretarios, siempre que cumplan los requisitos legales.

Paralelamente, el Consejo analiza el impacto presupuestario de la medida y el sustento jurídico previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Representantes del gremio de abogados consideran que la designación temporal es necesaria para atender la crisis actual, pero advierten que debe ser una solución transitoria.

También insisten en que el sistema judicial requiere concursos transparentes, fortalecimiento institucional, mayor inversión en infraestructura, tecnología y talento humano, además de garantizar independencia frente a cualquier interferencia política para recuperar la confianza ciudadana en la administración de justicia.