El Tribunal Constitucional peruano recaerá en la sentencia 158/2026 que rectifica una línea jurisprudencial que flexibilizaba la interpretación del artículo 79 de la Constitución, que prohíbe que los representantes ante el Congreso creen o aumenten gastos públicos.

La decisión establece que el Congreso no podrá emitir leyes con impacto en la caja fiscal, aunque permite excepciones para derechos sociales fundamentales como salud, vivienda y alimentación.

La sentencia exige coordinación con el Ejecutivo para iniciativas legislativas que afecten gasto público, asegurando que los derechos sociales no se vean afectados por ajustes presupuestarios.El fallo también exhorta al Ejecutivo a garantizar los derechos de la población de Belén, bajo supervisión de la Defensoría del Pueblo.

El debate gira en torno a la cooperación entre poderes para atender necesidades sociales, evitando que los derechos dependan exclusivamente del criterio presupuestario del MEF.La decisión refleja la importancia de un equilibrio presupuestario sostenible para garantizar los derechos básicos de la población más vulnerable.