La Contraloría Distrital de Cartagena inició una actuación especial de fiscalización contra la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar) en medio de una creciente crisis por los constantes racionamientos de agua en la ciudad.

La medida fue tomada tras denuncias públicas del alcalde Dumek Turbay y la radicación de una acción popular contra la empresa operadora y la Superintendencia de Servicios Públicos, con el objetivo de proteger derechos colectivos como el acceso al agua potable, la salud pública y la salubridad.

El proceso de auditoría tendrá una duración aproximada de cuatro meses y busca revisar el cumplimiento del contrato de gestión integral de acueducto y alcantarillado, especialmente en lo relacionado con sus modificaciones y el denominado Otrosí No.3.

Paralelamente, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó como medida cautelar la suspensión inmediata de los racionamientos programados, mientras se decide de fondo el caso.

Aguas de Cartagena ha señalado que los cortes obedecen a variaciones en la calidad del agua cruda, mayor demanda del servicio y conexiones ilegales, lo que ha afectado la capacidad operativa del sistema.

La empresa aseguró que colaborará con los entes de control y que cuenta con argumentos técnicos y jurídicos para demostrar que ha actuado dentro del marco contractual.

La situación ha generado un fuerte debate institucional entre la administración distrital, la empresa operadora y los órganos de control, mientras los ciudadanos de Cartagena continúan enfrentando dificultades en el suministro de agua potable.El caso ahora se encuentra bajo revisión simultánea de la Contraloría y la justicia administrativa.