La Contraloría General de la República cuestionó el proceso mediante el cual la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquirió 537 predios destinados a la reforma agraria, luego de encontrar que, pese a haberse desembolsado cerca de un billón de pesos por estos inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la gran mayoría aún no aparece registrada formalmente a nombre del Estado.

Según el informe de auditoría, al 22 de junio de 2026 únicamente tres predios contaban con escritura inscrita, lo que, de acuerdo con el organismo de control, podría generar riesgos jurídicos como reclamaciones de terceros, embargos o litigios relacionados con la propiedad de los terrenos.

El analista Aurelio Suárez también criticó la gestión de la ANT al señalar que de los 719 predios adquiridos solo 139 habían sido asignados formalmente a beneficiarios de la reforma agraria, afirmando que la entidad se convirtió en 'el más grande terrateniente de Colombia'.

En respuesta, la ANT aseguró que los predios cuentan con promesas de compraventa y que la formalización depende de procesos técnicos y registrales aún en curso.

El director de la entidad, Juan Felipe Harman, rechazó que exista un riesgo fiscal y sostuvo que los campesinos beneficiarios mantienen plena seguridad jurídica, ya que el Estado ya pagó por los predios y cualquier eventual decisión judicial implicaría una compensación económica, no la devolución de las tierras.Además, indicó que más del 70 % de los predios ya avanza en las etapas de avalúo y saneamiento para completar su escrituración.