La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó varias denuncias penales relacionadas con posibles irregularidades en la administración de la autopista Palín-Escuintla y en proyectos carreteros ejecutados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Una auditoría reveló que cinco casetas auxiliares de peaje operaron sin conexión al sistema informático oficial entre 2022 y 2023, lo que impidió verificar con transparencia los ingresos obtenidos y el pago correcto del 1% de regalías que correspondía entregar al Estado de Guatemala.La investigación señala a la empresa concesionaria Marhnos y a funcionarios encargados de supervisar la concesión.Según la CGC, el sistema de facturación electrónica utilizado no sustituía el mecanismo obligatorio de control de aforos establecido en el contrato.Además, la Contraloría detectó graves anomalías en dos proyectos carreteros en Quiché, correspondientes a los tramos 3 y 4 de la ruta RD-QUI-21.Las obras presentaban abandono, deterioro físico y pagos que no coincidían con el avance real de construcción.En uno de los contratos se había pagado más del 80% del monto pese a que la ejecución física apenas alcanzaba cerca de la mitad del proyecto.En el otro, el avance financiero superaba el 93% mientras la obra permanecía inconclusa.

Las denuncias fueron dirigidas contra exfuncionarios de la Dirección General de Caminos y del CIV, incluyendo exdirectores y exministros señalados por no tomar acciones para corregir las irregularidades ni detener pagos cuestionados.

La CGC también impuso sanciones económicas y recomendó fortalecer la supervisión de futuras concesiones y proyectos de infraestructura para garantizar transparencia y control adecuado de los recursos públicos.