La Contraloría General de la República del Perú identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad, por una serie de irregularidades ocurridas durante la primera vuelta de las elecciones generales de 2026.Según el informe de control, estas fallas habrían afectado el derecho al voto de más de 55 000 electores en Lima Metropolitana.

El documento señala problemas en la contratación del servicio de transporte de material electoral, donde se habrían aplicado criterios de evaluación no establecidos en los términos de referencia, lo que permitió favorecer a un proveedor con una oferta económicamente menos ventajosa.

Además, se detectaron inconsistencias en la planificación logística, como la falta de cuantificación adecuada de vehículos necesarios y el uso mayoritario de unidades alquiladas por parte del proveedor ganador.

El informe también advierte sobre decisiones operativas que impactaron el cronograma electoral, como la reprogramación de rutas de distribución de material electoral sin considerar los tiempos reales requeridos.Esto habría generado retrasos en la instalación de mesas de sufragio, impidiendo la apertura de algunas de ellas el día de la votación.Asimismo, se cuestiona la autorización de traslados de equipos informáticos sin el sustento técnico suficiente.

Como consecuencia, el órgano de control concluye que estas acciones afectaron la eficiencia del proceso electoral y vulneraron el derecho al sufragio de miles de ciudadanos, recomendando las acciones administrativas y legales correspondientes.