La Contraloría General de la República concluyó el sumario administrativo iniciado en contra de la concejala de Ñuñoa Daniela Bonvallet (independiente-RN), determinando su responsabilidad administrativa por actos constitutivos de acoso laboral y una vulneración grave al principio de probidad administrativa.

La investigación se originó tras la denuncia presentada en 2025 por su exasesora Jimena Covarrubias Ugarte, quien acusó que la concejala le exigió entregar un millón de pesos correspondiente a parte de sus primeros sueldos como condición para acceder y mantenerse en el cargo, además de solicitarle distintos préstamos de dinero.

Durante el proceso, la Contraloría también concluyó que la exfuncionaria fue sometida a un permanente menoscabo que afectó su situación laboral y sus posibilidades de continuar en el empleo.La denunciante fue posteriormente desvinculada de la Municipalidad de Ñuñoa, luego de una solicitud realizada por la propia concejala.

Tras establecer estas responsabilidades, el organismo fiscalizador instruyó que los antecedentes sean puestos en conocimiento del Concejo Municipal, instancia que podrá evaluar una eventual inhabilidad o cesación del cargo de Bonvallet conforme a la legislación vigente.

Además, la Contraloría resolvió remitir todo el expediente al Ministerio Público debido a la posible existencia de hechos que podrían constituir delitos, quedando en manos de la fiscalía determinar si corresponde iniciar una investigación penal.El caso podría tener tanto consecuencias administrativas como eventuales repercusiones judiciales.