El artículo analiza el desarrollo del caso Progen en Ecuador, centrado en presuntas irregularidades relacionadas con contratos de generación eléctrica y la actuación de la Fiscalía.

Tras la audiencia de formulación de cargos, 19 de los 21 procesados, entre ellos técnicos de CELEC, exfuncionarios del sector energético y el exministro Antonio Gonçalves, fueron enviados a prisión preventiva por decisión judicial a pedido del fiscal Carlos Alarcón.

El texto cuestiona duramente la solidez del proceso, sugiriendo que la investigación ha sido construida de forma selectiva y con omisiones relevantes.

Uno de los puntos centrales es la exclusión de ciertos exfuncionarios y actores inicialmente vinculados a las investigaciones, como el exministro Roberto Luque, quien habría sido inicialmente mencionado en etapas previas del caso pero luego quedó fuera del expediente.

El artículo sostiene que, bajo la conducción del fiscal Alarcón, el enfoque del caso cambió, sustituyendo a algunos implicados por otros sin mayor justificación, lo que genera dudas sobre la consistencia de la acusación.

También se menciona un viaje oficial a Estados Unidos realizado por autoridades del sector energético y funcionarios de CELEC para visitar instalaciones de la empresa Progen, el cual es presentado como un elemento clave de la investigación, aunque según el texto habría sido interpretado de manera parcial por la Fiscalía.

Además, se cuestiona la exclusión de pruebas como audios y videos entregados por procesados que denunciaban presiones internas para aprobar contratos.

El artículo concluye que existen vacíos en la investigación, posibles omisiones de actores relevantes y una posible manipulación procesal del caso, lo que ha generado debate sobre la imparcialidad del proceso judicial en torno al denominado caso Progen.