Una madre residente en Calabazar, municipio Boyeros de La Habana, denunció la venta ilegal de electricidad por parte de trabajadores del sistema eléctrico estatal.

Según su relato, los vecinos del barrio llevaban meses recibiendo electricidad limitada, mientras que negocios privados y circuitos priorizados disfrutaban de suministro constante a cambio de dinero.Los trabajadores fueron detenidos tras ser interceptados por los vecinos, quienes los sorprendieron en flagrante delito.

La denuncia revela un patrón de corrupción en el sector eléctrico cubano, donde empleados de la UNE y OBE desvían recursos para beneficiarse económicamente.La crisis energética, exacerbada por déficit de combustible, se agrava con estos casos de fraude, generando protestas masivas en la isla.En 2026, se registraron 107 protestas, 82 en La Habana, como consecuencia de la falta de electricidad y la corrupción en el sistema.

La situación afecta la vida diaria, con interrupciones en educación, salud y condiciones de vida, mientras el gobierno enfrenta un déficit eléctrico de casi 2,260 MW.

La denuncia de Isol G también incluye un reclamo personal por el impacto en su bebé, destacando la urgencia de abordar la crisis energética y la corrupción en el sector.