La Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia unánime 43-24-IN/26, en la que declaró inconstitucional una reforma a la Ley de Competencia que había sido publicada en el Registro Oficial en mayo de 2023 sin haber cumplido el proceso legislativo correspondiente.

Según el fallo, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, remitió para su publicación un texto que no había sido debidamente aprobado ni ratificado por el pleno legislativo, generando así un vicio formal de origen insubsanable.

El caso se centra en una serie de modificaciones propuestas a la normativa de competencia económica, entre ellas la eliminación de un ejemplo explícito de colusión en compras públicas.Dicho ejemplo había sido clave en sanciones previas aplicadas por la Superintendencia de Competencia, como el caso de Odebrecht.

Aunque el proyecto original fue vetado parcialmente por el Ejecutivo y no alcanzó la ratificación necesaria en la Asamblea, el texto fue publicado como si hubiera sido aprobado en firme, lo que posteriormente fue considerado irregular por la Corte.

El fallo establece que no se trató de un simple error administrativo, sino de una actuación que permitió la entrada en vigor de normas sin validez constitucional.

Por ello, la Corte dispuso la nulidad de los efectos jurídicos de dicha reforma con carácter retroactivo y exhortó a la Asamblea Nacional a fortalecer la capacitación de su personal legislativo.El caso ha reabierto el debate sobre los controles institucionales en el proceso de formación de leyes en Ecuador.