El tribunal de alzada de La Araucanía acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de residentes del sector APR Mañío.

La decisión ordena a la Delegación Presidencial de La Araucanía restablecer el suministro de agua potable mediante camiones aljibe a más de 500 familias rurales que han enfrentado problemas de abastecimiento desde 2025.

La abogada del INDH, Pamela Nahuelcheo, explicó que el recurso se presentó para garantizar el acceso al agua potable, que había sido suspendido por la Delegación a fines del año pasado.

La acción legal también solicita informes urgentes a la Delegación Presidencial de Temuco, la Municipalidad de Temuco y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

La situación de escasez de agua afecta a comunidades rurales que dependen del abastecimiento mediante camiones aljibe, lo que genera vulnerabilidad y dificultades para el desarrollo diario.

La decisión refleja la importancia de los derechos humanos en el acceso a servicios básicos y la necesidad de garantizar el derecho al agua como derecho fundamental.

Este caso destaca la intervención del sistema judicial para proteger los derechos de las comunidades afectadas y exigir responsabilidades institucionales.