La Corte Suprema de Chile ratificó las facultades de la Contraloría General de la República para solicitar información sensible, como rut y nombre social, de los usuarios del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y programas trans.

La decisión surgió tras una polémica iniciada en noviembre del año pasado, cuando el ente fiscalizador solicitó un listado de menores participantes del PAIG, lo que generó reclamos por vulneración de la privacidad.Varios beneficiarios acudieron a tribunales, pero sus apelaciones fueron rechazadas.

La Corte Suprema destacó que la auditoría responde a una necesidad técnica para garantizar el uso adecuado de recursos públicos en programas que no habían sido fiscalizados previamente.

La resolución establece que la solicitud de datos es legal y necesaria para verificar el cumplimiento de las normas, sin afectar la privacidad de los beneficiarios.Esta decisión establece un precedente importante en la relación entre fiscalización pública y protección de datos personales.