En el pleno de las Cortes de Aragón del jueves, se ha aprobado una proposición no de ley impulsada por Vox y respaldada por el Partido Popular que busca frenar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en España.

La iniciativa establece el concepto de 'prioridad nacional', calificando a los migrantes sin empleo como un 'lastre' para el estado de bienestar y condicionando el acceso a servicios públicos a los años de cotización.

Además, insta al Gobierno central a auditar concesiones de nacionalidad y a proceder a la repatriación de inmigrantes ilegales, incluidos menores no acompañados, así como a aquellos que cometan delitos graves o no se integren a la cultura española.

La proposición también pide suprimir el arraigo como mecanismo legal y evitar que los inmigrantes ilegales se empadronen, así como eliminar ayudas sociales y subvenciones a organizaciones que faciliten la inmigración irregular.

Se solicita la adaptación inmediata a la legislación europea de retornos y la suspensión de cooperación con países que no colaboren en el control migratorio.

Esta votación refleja la influencia creciente de la derecha y ultraderecha en Aragón y plantea un endurecimiento de las políticas migratorias a nivel autonómico y nacional.