La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que reúne al gran empresariado en Chile, presentó un paquete de 45 propuestas orientadas a combatir la llamada “economía ilícita”, entendida como toda la cadena de valor que sostiene al crimen organizado: producción, distribución, financiamiento, comercialización y lavado de activos.

El documento plantea que el foco debe estar en debilitar la estructura económica de estas organizaciones, siguiendo la ruta del dinero y fortaleciendo la persecución patrimonial para reducir su rentabilidad.

Entre las principales medidas se incluye la creación de una Política Nacional contra las Economías Ilícitas, que permita coordinar al Estado bajo objetivos comunes, y la formación de una Unidad especializada en economías ilícitas que genere inteligencia, detecte patrones y emita alertas tempranas.

También se propone reforzar la trazabilidad de los flujos financieros, disminuir el uso de efectivo y mejorar los mecanismos de denuncia con protección para informantes.

En materia de control fronterizo y logístico, la CPC plantea instalar centros interinstitucionales en zonas estratégicas, aumentar el uso de escáneres en carga, fortalecer la seguridad en puertos y mejorar la trazabilidad de contenedores mediante sellos digitales.

Además, propone interoperabilidad entre Aduanas, Registro Civil y otras instituciones para mejorar el control de mercancías, vehículos robados y productos sensibles como medicamentos.

El plan también aborda el ámbito legislativo, sugiriendo endurecer penas por delitos asociados al crimen organizado, como contrabando, extorsión y receptación, además de acelerar leyes sobre comercio irregular, falsificación de productos y plataformas digitales ilegales de apuestas.

En el plano financiero, propone mayor coordinación entre organismos reguladores y el sector privado, junto con ajustes a la Ley de Fraudes y nuevas atribuciones para la Unidad de Análisis Financiero.

Finalmente, el documento enfatiza la necesidad de mayor coordinación entre municipios, policías, fiscalía y servicios públicos para reforzar la presencia del Estado en el territorio y atacar de manera integral las redes delictuales.