La democracia ecuatoriana enfrenta una amenaza silenciosa y devastadora.En cuatro años, cinco alcaldes han sido asesinados o víctimas de atentados atribuidos a vínculos con el crimen organizado.

Al mismo tiempo, varios alcaldes y exalcaldes enfrentan procesos por lavado de activos, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y contratación fraudulenta.Este patrón revela un peligroso secuestro del poder local, donde la corrupción y el crimen organizado están infiltrándose en los municipios.El mayor error es creer que la descentralización fortalecería por sí sola la democracia, sin construir controles efectivos.La ciudadanía debe exigir transparencia, auditorías independientes, contratación transparente y sanciones al financiamiento ilícito.

La verdadera disputa es recuperar el sentido del servicio público, donde las autoridades deben representar esperanza y desarrollo, no miedo y enriquecimiento ilegal.

La integridad institucional requiere vigilancia, defensa y transformación de los partidos políticos para elegir líderes comprometidos con el servicio ciudadano.