El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió provisionalmente al movimiento político Amigo por presunto lavado de activos, lo que ha generado incertidumbre entre los partidos políticos y dirigentes.

Esta medida, tomada en julio de 2026, coincide con cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y inhabilitaciones de candidatos, lo que ha desencadenado un debate sobre la legitimidad de las elecciones seccionales.

Los dirigentes políticos denuncian abuso de poder y falta de independencia de la Función Electoral, advirtiendo que las resoluciones judiciales pone en riesgo la democracia.

Analistas destacan que la crisis de credibilidad afecta la estabilidad del país, ya que las instituciones encargadas de garantizar el voto ciudadano son cuestionadas.La suspensión de Amigo, que auspiciaba al correísmo, repite un escenario similar al de la organización Revolución Ciudadana en marzo de 2026.La situación ha generado temor entre las organizaciones políticas, que ven en esta proscripción un impacto en la participación ciudadana.

La falta de transparencia en el proceso preelectoral y las decisiones tomadas fuera del ámbito electoral han debilitado las garantías del sistema democrático ecuatoriano.