En Argentina, miles de profesores, estudiantes, personal administrativo y egresados salieron a las calles en una masiva movilización nacional para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aprobada inicialmente en agosto de 2025.

La protesta, conocida como la “Marcha Universitaria Federal”, se ha repetido en varias ocasiones debido a los continuos recortes presupuestarios aplicados desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en 2023.

Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, el financiamiento a las universidades públicas ha caído alrededor de un 45,6%, generando un fuerte impacto en el funcionamiento de las instituciones, el pago de salarios y el mantenimiento de infraestructuras.

El conflicto político y judicial ha escalado, ya que aunque el Congreso aprobó la ley de financiamiento, el Ejecutivo la vetó inicialmente y posteriormente ha buscado frenar su aplicación mediante decretos y recursos legales.

Esto ha provocado enfrentamientos institucionales que han terminado en tribunales, mientras la Corte Suprema argentina tiene ahora la última palabra sobre su implementación.

El ajuste presupuestario también ha afectado gravemente a la ciencia y la tecnología, con recortes significativos en organismos como CONICET, CONAE, CNEA e INTA, además de una caída del poder adquisitivo de los investigadores y docentes.

Las universidades reportan deterioro de instalaciones, fuga de talento y miles de renuncias de profesores, lo que ha encendido alertas sobre una posible crisis estructural del sistema educativo y científico argentino.

Los manifestantes advierten que, de continuar esta tendencia, el país podría enfrentar un deterioro profundo en su capacidad académica y de investigación, con impacto directo en sectores estratégicos como energía, tecnología y desarrollo científico.